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El himno de Riego turba
El himno de Riego turba a la gente
(Las derechas inhumanas contra los derechos humanos)
Por: Fernando Degado Martínez (del FDM).
27 abril 2010. Según un artículo aparecido en la Pág. 22 del diario Público del día 19 de abril, la alcaldesa de Valencia Dña. Rita Barverá, ha prohibido el himno de Riego en un homenaje a las Victimas del franquismo enterradas en fosas comunes, porque ella dice que “turba a la gente”.
Se equivocó tuvo que decir que turba a la “gentuza”. Ello deberá decirse así si consideramos como “gentuza” a las personas que no respetan los derechos humanos, como lo es el hecho de la negación del PP de que se investigue sobre la memoria histórica y se fuerce desde la persona del juez Luciano Varela en una posición abiertamente partidista (haciendo de juez y parte). Y no basta con esta acción, además, se prohíbe a los familiares a las victimas homenajearlas con el himno simbólico por el que dieron su vida. El magistrado del Supremo Luciano Varela decidió abrir diligencias al juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación al iniciar, “sin competencia legal”, una causa por las desapariciones del franquismo. La decisión de Varela supone sentar en el banquillo a Garzón.
Y parece ser que lo que no turba a la “gentuza” son las tres amonestaciones realizadas por la ONU durante los últimos cuatro meses en relación con la ley de amnistía. Esta ley de amnistía se formuló en el año 1977 de forma coactiva, para que la “nueva democracia surgida del franquismo” no investigara nunca más sus copiosos crímenes y que no se atendiera al derecho humano de los familiares de las victimas de que se buscara a sus seres queridos por fosas comunes o por cunetas.

Estas tres amonestaciones surgidas de organismos de la ONU son las que describimos a continuación.
-El 5 de enero de 2009 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas amonestó al Estado de Español en términos
muy duros por no anular la ley de amnistía de 1977. el texto de la amonestación en extracto dice así:  “Este comité muestra preocupación por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía" de 1977 y recuerda que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y que las amnistías relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto". Es decir. La ley de Amnistía no debe de considerarse como “una ley de punto final", tal y como sucedió con los crímenes de lesa humanidad cometidos en las dictaduras argentinas en las décadas de los ´70 y los ´80.
-El 19 de noviembre de 2009, el Comité contra la Tortura de la ONU volvió a señalar que “el enjuiciamiento de actos de tortura no se debe limitar por el principio de legalidad, ni por el efecto de prescripción [porque estos delitos no prescriben]. Y a continuación, prosigue con la exigencia: "El Estado debería asegurar que los actos de tortura, que también incluyen las desapariciones forzadas, no sean crímenes sujetos a amnistía".
-Por último el 21 de diciembre, sólo 44 días antes que el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Várela acusara a Garzón de prevaricar por su interpretación de la Ley de Amnistía.
El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzosas de la ONU, cita expresamente de nuevo la Ley de Amnistía y concluye con dos exigencias al Gobierno socialista: "Que todo acto de desaparición forzada será considerado, de conformidad con el derecho penal, delito posible de penas apropiadas que tengan en cuenta su extrema gravedad". Y que se realizarán "investigaciones exhaustivas e imparciales mientras no se haya aclarado la suerte de la víctima de una desaparición forzada".

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Es cierto que ni el Comité de Derechos Humanos ni los grupos de trabajo de la ONU tienen valor vinculante, pero sus resolucio¬nes tienen una gran importancia moral y todos los estados quedan muy en entredicho ante las amonestaciones de estos organismos.